¿Qué pasó la noche del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez?
Reportero - 30 de marzo de 2024 - 05:00 pm
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(IX PARTE)
Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares
Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio. El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio.
Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano. Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión.
Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.
El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.
Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión. Jeison D.C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil.
El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.
Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.
“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy... No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”. Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.
El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.
Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal.
También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.
Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.
“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia”, dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.
©El Monitor de Parral
Fuente: https://elmonitordeparral.com/spip.php?article18065
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