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AMPAROS DE SÁNCHEZ NO FRENAN REGISTRO DE CELULARES

Usuarios comienzan a registrarse ante riesgo de suspensión

Reportero - 20 de agosto de 2026 - 01:00 pm

La campaña jurídica y mediática encabezada por el diputado naranja no logró detener de manera general la obligación; en Parral y otras ciudades, ciudadanos que confiaron en los amparos ahora buscan vincular sus líneas para no quedarse sin servicio

La estrategia mediática y jurídica encabezada por el diputado Francisco Sánchez Villegas para frenar el registro obligatorio de líneas telefónicas comienza a enfrentar la realidad: el registro sigue adelante y los usuarios que no cuentan con una protección judicial aplicable a su caso tienen que cumplir con el procedimiento para evitar la suspensión de su servicio.

Durante semanas, el legislador de Movimiento Ciudadano emprendió una intensa campaña contra la medida federal, a la que calificó como una “tecno dictadura” y posteriormente como la llamada “Ley Espía”, además de promover amparos colectivos e individuales en distintos municipios del estado.

En Parral, incluso encabezó una jornada de asesoría jurídica y recepción de ciudadanos interesados en sumarse a los recursos contra el registro de líneas celulares y la CURP biométrica. La convocatoria generó la expectativa entre algunos participantes de que el amparo podía convertirse en una especie de blindaje frente a la obligación de registrar sus números.

Sin embargo, conforme comenzaron a llegar las fechas límite establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la realidad fue distinta.

Algunos usuarios que participaron en los amparos reconocen que se confiaron. Pensaron que, al haber firmado para integrarse al recurso colectivo promovido por Sánchez, no tendrían que realizar el registro y que las compañías telefónicas no suspenderían sus líneas.

Hoy, ante el riesgo de perder llamadas, mensajes y datos móviles, algunos de esos usuarios están acudiendo nuevamente a realizar el trámite.

Francisco Sánchez llegó a presentar los amparos como una estrategia para impedir que las compañías telefónicas suspendieran las líneas de quienes no realizaran el registro.

En junio, el legislador aseguró que su movimiento había promovido miles de recursos jurídicos y sostuvo que buscaban impedir que los usuarios fueran privados del servicio por negarse a entregar sus datos. Posteriormente, se reportó que la estrategia había alcanzado miles de personas en Chihuahua.

Incluso, en declaraciones difundidas a nivel nacional, Sánchez sostuvo que el objetivo era impedir que las empresas dejaran a los usuarios sin llamadas, mensajes, Internet y aplicaciones si no registraban sus líneas.

El problema es que una suspensión dentro de un juicio de amparo no necesariamente protege automáticamente a todas las personas que participaron en una campaña o firmaron un formato colectivo.

De hecho, cuando en julio se informó de una suspensión provisional obtenida dentro de uno de estos procedimientos, la propia información publicada precisó que sus efectos correspondían al ciudadano promovente y no constituían una protección general para todos los usuarios.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo original y estableció un calendario escalonado de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico.

El calendario comenzó el 15 de agosto para las líneas terminadas en 0 y continuará progresivamente hasta el 31 de diciembre. Una vez vencido el plazo correspondiente, las empresas telefónicas cuentan con un periodo de hasta 72 horas para suspender las líneas que no hayan sido vinculadas.

Durante la suspensión, los usuarios únicamente pueden realizar determinadas llamadas, principalmente a servicios de emergencia, atención de la compañía y otros servicios establecidos por la regulación. El servicio puede ser restablecido una vez realizado el registro.

Mientras el discurso político hablaba de resistir, de una “tecno dictadura” y de una batalla para impedir el registro, la autoridad regulatoria mantuvo vigente la obligación y estableció fechas concretas para comenzar a suspender las líneas no vinculadas.

La estrategia de Sánchez llegó a reportar más de 9 mil amparos individuales y alrededor de mil 300 colectivos, de acuerdo con declaraciones difundidas en julio.

Posteriormente, el diputado también anunció una suspensión definitiva obtenida en agosto. Sin embargo, nuevamente se trató de una resolución vinculada a un ciudadano dentro de un juicio específico, no de una orden general que haya eliminado la obligación para todos los usuarios del país o del estado.

©El Monitor de Parral
Fuente: https://elmonitordeparral.com/spip.php?article39182