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PARACAIDISTAS QUIEREN APOYO DE LA CEDH PARA TENER SERVICIOS

Maestros ocupantes de viviendas recurren a quejas para exigir agua y luz.

Reportero - 23 de julio de 2026 - 01:00 pm

Persiste disputa por la posesión de los inmuebles.

El conflicto por las viviendas del fraccionamiento Pensiones Civiles sumó un nuevo capítulo luego de que personas que actualmente ocupan algunos inmuebles presentaran recursos legales para solicitar la intervención de autoridades, con el propósito de obtener los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Entre los documentos que circulan sobre el caso se encuentra un escrito dirigido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el que una persona que se identifica como maestra solicita la intervención del organismo al argumentar que ella y otras familias carecen de agua potable, drenaje y electricidad, y que ello vulnera su derecho al acceso a esos servicios.

No obstante, el origen del conflicto continúa siendo motivo de controversia. De acuerdo con diversas posturas expresadas previamente por autoridades y personas involucradas en el caso, las viviendas forman parte de un desarrollo habitacional ligado a Pensiones Civiles del Estado y su ocupación ha sido objeto de disputa. En ese contexto, quienes cuestionan la ocupación sostienen que los servicios públicos no deben instalarse mientras no exista certeza jurídica sobre la posesión de los inmuebles.

Para los críticos de estas acciones, la presentación de recursos ante organismos de derechos humanos representa una estrategia jurídica para intentar obtener servicios básicos antes de que se resuelva de fondo la situación legal de las viviendas. Desde esa perspectiva, otorgar agua y electricidad podría interpretarse como un reconocimiento de una ocupación cuya legalidad sigue siendo controvertida.

Por otra parte, quienes promovieron la queja sostienen que, independientemente del conflicto patrimonial, el acceso al agua constituye un derecho humano que debe ser garantizado, argumento que será analizado por las autoridades competentes.

El caso mantiene enfrentadas dos posiciones: por un lado, el respeto al derecho de propiedad y la definición jurídica de la posesión de las viviendas; por otro, la exigencia de acceso a servicios esenciales por parte de quienes actualmente las habitan.

Hasta el momento no existe una resolución pública que determine el fondo de la queja presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ni una determinación judicial definitiva que resuelva la totalidad del conflicto sobre esos inmuebles.

©El Monitor de Parral
Fuente: https://elmonitordeparral.com/spip.php?article38420