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ESCALA CONFLICTO POR VIVIENDAS EN RECUPERACIÓN EN PARRAL

Conexiones clandestinas y queja ante la CEDH

Reportero - 22 de julio de 2026 - 10:11 am

El conflicto por las viviendas de Pensiones Civiles del Estado en proceso de recuperación sumó un nuevo capítulo luego de que personas que ocupan de manera irregular los inmuebles presentaran una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en la que denuncian la falta de acceso a servicios básicos y presuntas violaciones a sus derechos humanos.

El escrito, dirigido al titular de la Oficina Regional de la CEDH en Parral, Juan Armando Portillo Díaz, fue presentado el pasado 19 de junio y actualmente se encuentra colocado en las ventanas de las viviendas ocupadas.

En él, los promoventes señalan que alrededor de 86 familias carecen de agua potable, drenaje y energía eléctrica desde abril de 2025, atribuyendo esta situación a la negativa de las autoridades para proporcionar los servicios.

Asimismo, afirman ser derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado y sostienen que las viviendas originalmente formaban parte de un programa social, por lo que consideran que la comercialización de los inmuebles a particulares vulnera su derecho a la vivienda.

Además, solicitan que la CEDH investigue los hechos y emita las recomendaciones correspondientes al considerar afectado su derecho humano al agua.

No obstante, el documento no hace referencia a la ocupación irregular de los inmuebles, ni menciona la existencia de tomas clandestinas de agua o el presunto robo de energía eléctrica mediante los llamados "diablitos", situaciones que forman parte del conflicto.

En materia legal, una conexión clandestina constituye una instalación irregular que puede ser retirada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la cual, además, puede presentar las denuncias correspondientes. Este tipo de conexiones no genera el derecho a recibir el servicio.

De igual forma, aunque cualquier persona puede presentar una queja ante la CEDH, independientemente de su situación jurídica, la admisión del expediente únicamente implica el análisis de una posible vulneración a derechos humanos y no representa el reconocimiento de la ocupación legal de las viviendas ni obliga a las autoridades a instalar servicios públicos o regularizar conexiones irregulares.

Especialistas en derecho señalan que, en este tipo de controversias, deben ponderarse tanto el derecho humano al agua como el derecho de propiedad y la legalidad en la posesión del inmueble.

En ese sentido, la ocupación irregular de una vivienda no otorga, por sí misma, el derecho a exigir la contratación de servicios públicos ni legaliza conexiones clandestinas.

Asimismo, el hecho de que las viviendas se encuentren en un proceso de recuperación o subasta no significa que carezcan de propietario o administrador legal.

Mientras dicho procedimiento concluye, los inmuebles continúan teniendo un titular de derechos, por lo que la ocupación sin autorización mantiene su carácter irregular y no confiere un mejor derecho sobre el bien ni sobre los servicios públicos asociados al mismo.

Durante un recorrido por la zona de las viviendas ocupadas de manera irregular, se observo que las modificaciones a los inmuebles continúan; ya se han cercado terrenos para delimitar espacios, las viviendas han sido pintadas en la parte exterior y trabajos de pintura de muros al interior fueron observados también.

Vecinos legalmente establecidos desde años atrás, reportan la instalación de tomas clandestinas de agua y presunto robo de energía eléctrica, además de conflictos personales con los “paracaidistas”, algunos de los cuales ocupan las viviendas de manera temporal y ante la falta de un servicio de drenaje o sanitarios, suelen usar los patios de los domicilios para sus necesidades fisiológicas.

©El Monitor de Parral
Fuente: https://elmonitordeparral.com/spip.php?article38396