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CRÓNICA DE UN ADEUDO QUE CRECIÓ EN SILENCIO

Lo que alguna vez fue símbolo de desarrollo, se ha convertido en el eje de un conflicto.

Reportero - 17 de abril de 2026 - 09:00 pm

Todo comenzó como un proyecto que prometía desarrollo deportivo para Parral. La construcción de una unidad deportiva estatal, respaldada por un convenio firmado el 18 de marzo de 2015, representaba una inversión federal de 50 millones de pesos.

Era, en ese momento, una apuesta por el futuro. Hoy, más de una década después, ese mismo proyecto se ha convertido en un litigio que amenaza las finanzas municipales y la estabilidad política de sus autoridades.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) entregó los recursos bajo un esquema de coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Municipio de Hidalgo del Parral.

El compromiso era claro: aplicar el dinero en la construcción de la unidad deportiva y comprobar su uso conforme a la ley.

Sin embargo, algo se rompió en el camino. La falta de documentación administrativa y fiscal que acreditara la correcta aplicación de los recursos encendió las alarmas. Lo que no se comprobó en papel comenzó a pesar en los tribunales.

El 28 de junio de 2017, CONADE demandó formalmente al Gobierno del Estado y al Municipio de Hidalgo del Parral. Exigía la rescisión del convenio y la devolución del dinero, junto con rendimientos financieros y cargas adicionales.

El caso inició con incertidumbre jurídica. Un juez federal se declaró incompetente, pero tras una apelación, se determinó que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, sí debía conocer del asunto. Así quedó registrado el expediente 239/2017.

El municipio respondió a la demanda argumentando que había cumplido con el convenio.
Presentó documentos, pero no ofreció pruebas adicionales durante el periodo probatorio. Esa omisión resultó determinante.

El juez analizó los documentos y concluyó que no existía evidencia suficiente que acreditara el uso correcto de los recursos federales. La falta de soporte técnico y fiscal debilitó por completo la defensa.

El 28 de septiembre de 2018 llegó el golpe definitivo: el juzgado resolvió a favor de CONADE. Se declaró la rescisión del convenio y se condenó al Municipio de Hidalgo del Parral a reintegrar los 50 millones de pesos, además de las cargas financieras generadas desde 2015.

El Gobierno del Estado fue absuelto. El peso de la responsabilidad recayó exclusivamente en el municipio.
El fallo no fue el final. Siguieron apelaciones, incidentes y recursos legales. El municipio intentó revertir la resolución, pero una y otra vez los tribunales confirmaron la sentencia.

En diciembre de 2018, el tribunal unitario ratificó el fallo. En 2019, un incidente de nulidad fue declarado infundado. Incluso un intento de amparo fue desechado por no cumplir con los requisitos.
El caso avanzaba, pero la deuda seguía intacta.

Durante años, el expediente continuó su curso sin que se lograra el cumplimiento de la sentencia. El adeudo no desapareció; por el contrario, creció con las cargas financieras.

Fue hasta mayo de 2024 cuando se exigió formalmente al municipio cumplir con el pago en un plazo de cinco días. No ocurrió.

El conflicto alcanzó un punto crítico en noviembre de 2025. Un juez concedió el amparo a CONADE y ordenó al municipio cumplir con la sentencia en un plazo de tres días.

La advertencia fue contundente: de no acatar la resolución, el presidente municipal podría ser separado de su cargo e incluso consignado, conforme a la Ley de Amparo.

La presión dejó de ser solo financiera. Se volvió política.

El 17 de marzo de 2026, el requerimiento fue claro: el municipio debía informar, en un plazo de tres días, cómo cumpliría con la sentencia.

De no hacerlo, el caso podría escalar a instancias superiores, incluyendo un tribunal colegiado o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La posibilidad de sanciones, multas y destituciones sigue latente.

Lo que comenzó como una obra pública inconclusa se transformó en un caso emblemático de omisiones administrativas y consecuencias legales acumuladas.

Hoy, el municipio no solo enfrenta el pago de millones de pesos, sino también el desgaste institucional, la presión judicial y el riesgo político.

El polideportivo, que alguna vez fue símbolo de desarrollo, se ha convertido en el eje de un conflicto que sigue creciendo y que, hasta ahora, no encuentra una salida definitiva.

Esteban Villalobos Guillén

©El Monitor de Parral
Fuente: https://elmonitordeparral.com/spip.php?article35877